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La construcción sigue sin reducir los pazos de pago y los sitúa de media en 180 días

  

Dado que la ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales modificada por el Real Decreto-ley 4/2013 y recientemente en Octubre 2014, fija un periodo máximo para el abono a los acreedores comerciales de 60 días, sigue sin la aprobación de un Marco Sancionador.

Un subcontratista o suministrador realiza un servicio para una empresa constructora, pero no sabe cuándo y cómo cobrará. Esto es lo que han intentado reducir las consecutivas leyes aprobadas tanto para las instituciones públicas como para las relaciones comerciales privadas pero con escaso efecto dado el temor a aprobar el Marco Sancionador, que aunque lejos de ser la panacea pudiera ser el comienzo del cambio en los Plazos de Pago.

Conocer los datos de las Constructoras no es una tarea sencilla. La mayoría de ellas no publicita cuál es su plazo medio de pago a proveedores. Para poder conocerlo, es necesario nadar en los resultados presentados en el Registro Mercantil y realizar complicadas fórmulas contables contempladas por la ley. Las administraciones públicas, por ejemplo, están obligadas a publicitar el plazo de pago a los proveedores desde el 20 de diciembre de 2013.

El año 2004 el Gobierno, realizó una ley para reducir la morosidad en las relaciones comerciales. Dicha regulación ha sido modificada en distintas ocasiones, la última en octubre de 2014. El texto actual sitúa el plazo máximo de pago a los acreedores en 60 días.

Un estudio realizado por fuentes del sector sitúa, sin embargo, el plazo medio de pago a los subcontratistas y proveedores de las principales constructoras en unos 180 días de media. El retraso en los pagos supone a los subcontratistas y proveedores complicaciones para su supervivencia diaria.

Hacia un código de buenas prácticas

El plazo medio de pago a proveedores debería ser  uno de los detonantes de la formulación de un código de buenas prácticas en el sector de la construcción y que afecta a todos los sectores de la subcontratación. En concreto, el código debería limar las diferencias que existen entre los distintos actores de la cadena de subcontratación y suministros para evitar abusos de poder entre las grandes constructoras y los subcontratistas o proveedores.El acuerdo se basaría en la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno en 2013. En dicha ley se contemplaba el posterior desarrollo de este código de buenas prácticas. Un código que podía acarrear una multa de un millón de euros a los infractores de estos acuerdos.

La ley  debería contemplar la creación de un observatorio, dirigido por el Ministerio de Hacienda, en el que estarán representados todos los actores del sector y que servirá para dirimir sobre los conflictos que se produzcan en las relaciones comerciales.