El Gobierno penalizará a las empresas morosas en los concursos públicos

Hacienda prevé cambiar la Ley de Contratos del Sector Público para que las empresas que retrasen sus pagos por encima de la ley sean sancionadas en las licitaciones. De este modo tendrán menos puntuación en los concursos públicos, frente a aquellas que paguen en el tiempo estipulado. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo se compromete legalmente a penalizar a las empresas morosas, porque la Ley Contra la Morosidad en vigor aún no cuenta con un reglamento sancionador.

“Para contribuir a la reducción de la morosidad de las empresas se añade un nuevo párrafo al artículo 75.1 relativo a los medios para acreditar la solvencia económica y financiera del empresario necesaria para contratar con las Administraciones Públicas”. Según él, “el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el plazo máximo establecido a estos efectos”.

Este era un criterio defendido desde hace tiempo por el Ministerio de Hacienda, frente a la tesis del de Economía, que no era partidario de adoptar la medida.

La presentación de un informe exhaustivo por parte de las asociaciones integrantes en la PMCM sobre los datos de morosidad de las empresas del IBEX y también del resto del mercado bursátil, con alarmantes datos sobre los índices de morosidad y las cifras que representan. Según el informe, las compañías del selectivo liquidaron sus facturas en un periodo medio superior a los 187 días, más del triple del plazo permitido y un 3% más que un año antes, de tal forma que dicha morosidad alcanza los 57.824 millones de euros y supone 1.194 millones de ahorro financiero anual y 1.640 millones en intereses de demora. Si ampliamos los datos al resto de empresas en el mercado continuo, el plazo se alarga hasta los 193 días y el volumen de morosidad sube a los 66.680 millones, con 1.392 millones de ahorro financiero cada año y 1.985 en intereses de demora. La propia PMCM resalta la importancia de la medida, esperamos su implementación y reglamentación, sin agujeros ni trampas”.

Las empresas deberán estar al día en el pago a sus proveedores para poder contratar con el Estado

Las empresas deberán estar al día en el pago a sus proveedores para poder contratar con el Estado

  

   Las empresas que pretendan competir por contratos del Estado y sus empresas públicas deberán acreditar ante la Administración correspondiente que cumplen con los plazos medios de pago a proveedores que fija la ley.

   Los pliegos de los contratos públicos podrán excluir a una empresa de un proceso de contratación pública en el caso de que sobrepase en una determinada cuantía o porcentaje el periodo medio de pago de treinta días fijado en la legislación vigente.

   Así lo establecerá la nueva Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en periodo de información pública, que introducirá el plazo medio de pago como uno de los criterios con los que las empresas deben garantizar su solvencia económica ante la Administración con la que quieran contratar.

   De esta forma, la Administración o empresa pública contratante se garantiza que la empresa a la que adjudica una obra o un servicio va a pagar en plazo a las pequeñas empresas con los que posteriormente subcontrate parte de los trabajos.

   Así lo indicó en un encuentro con la prensa la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Platero, quien indicó que con esta medida pretenden atender una de las principales reivindicaciones de pequeñas empresas subcontratistas.

   "Siempre ha habido muchas quejas de que los grandes contratistas públicos no pagan a sus subcontratistas", indicó la alto cargo del Departamento que dirige CRISTÓBAL MONTORO.

LOS CONTRATOS SE DIVIDIRÁN EN LOTES.

  

Otra de las novedades de la nueva ley tendente a favorecer a las pymes y, a la vez, fomentar la competencia en la contratación pública, es la de dividir los contratos públicos en lotes siempre que sea posible.

   Así, mientras que la normativa actual exige a la Administración justificar el hecho de que un contrato se divida en lotes, con la nueva Ley el procedimiento será al contrario, habrá que acreditar el motivo por el que una obra o servicio no se adjudica en lotes.

COMUNICADO BAJAS TEMERARIAS Y PLAZOS DE PAGO

AMAEXCO como asociación empresarial y en defensa de los intereses del sector al que representamos DENUNCIAMOS que no podemos seguir consintiendo que los plazos de pago sigan siendo de más de 180 días en las empresas adjudicatarias de contratos con la administraciones, y que de ese modo seamos nosotros los pagadores reales de las bajas.

Por ello solicitamos a la administración su compromiso de cumplimiento de pago a las subcontratas en estas adjudicaciones según LEY a 60 días.Mas Infom....

Hacienda estudia un recargo del 10% a los Morosos

El ministro de Hacienda valora de forma "muy positiva" la propuesta de la Plataforma contra la Morosidad para penalizar a las empresas que paguen tarde.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, valoró ayer de forma "muy positiva" las propuestas para reducir la morosidad comercial que le hizo la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Esta asociación, que aglutina a 1,5 millones de empresas, le puso sobre la mesa varias medidas, entre ellas una fundamental para los intereses de los proveedores: un recargo del 10% en el IVA para las empresas impagadoras.

"Técnicamente, la Administración está muy próxima a poder implementar esta medida", le dijo el ministro de Hacienda a los representantes de la Plataforma, para acto seguido comprometerse a elevar la propuesta a las discusiones gubernamentales.

En la última Cumbre Político-Empresarial sobre Morosidad, Montoro lanzó el guante a las pymes. "Tráiganme una propuesta" para "analizar, valorar y estudiar", dijo. Dos meses después, se ha trasladado por la Plataforma una medidas que se le presentaron ayer .

La propuesta de recargo del IVA, estipula el procedimiento para cambiar el funcionamiento del impuesto y castigar así al incumplidor. En primer lugar, la pyme "emite su factura en el momento de realizar la operación con la repercusión de IVA correspondiente". En segundo, "ingresa en la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) el importe correspondiente IVA repercutido". Después, una vez transcurrido un mes desde el cumplimiento del plazo de pago establecido por ley sin que el emisor haya cobrado, dispondrá de un plazo máximo de seis meses para notificar este hecho a la AEAT (mediante un modelo de declaración establecido al efecto).

Simultáneamente a la notificación a Hacienda, la pyme que sufre la demora rectificará la factura emitida, anulando la repercusión de IVA y se deducirá el IVA previamente ingresado.

Desde el momento de la recepción de la factura rectificativa, el cliente moroso "pasa a ser deudor de la Hacienda Pública por un importe equivalente al IVA de la operación". El IVA así generado no se podrá liquidar mediante autoliquidación, sino que habrá que esperar a que la AEAT envíe su propia liquidación, "añadiéndole un recargo de un 10%".

De esta forma, se acabaría con el hecho de que las empresas paguen el IVA de una factura que aún no han cobrado, con el consiguiente deterioro de tesorería.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, y todas las asociaciones que la componen dicen "Estar muy esperanzados en que el ministro cumpla. No entenderíamos que no se actuara, porque el 94% de las empresas de España están pidiendo directamente un régimen sancionador para las compañías morosas".

Por otro lado, el ministro de Hacienda se comprometió a estudiar un mecanismo de agregación de información sobre los plazos medios de pago. Se trataría de "un sistema muy simple que permitiría, de manera automatizada, extraer información sobre los plazos incluidos en las memorias de las empresas, obteniendo así información masiva de los mismos en las compañías españolas".

Hacienda trabajará en las medidas durante el mes de mayo y se volverá a reunir con los representantes de las asociaciones en junio, ya con una propuesta en firme.

EN BUSCA DE SOLUCIONES PARA EL SECTOR

Buscando soluciones

La construcción sigue sin reducir los pazos de pago y los sitúa de media en 180 días

  

Dado que la ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales modificada por el Real Decreto-ley 4/2013 y recientemente en Octubre 2014, fija un periodo máximo para el abono a los acreedores comerciales de 60 días, sigue sin la aprobación de un Marco Sancionador.

Un subcontratista o suministrador realiza un servicio para una empresa constructora, pero no sabe cuándo y cómo cobrará. Esto es lo que han intentado reducir las consecutivas leyes aprobadas tanto para las instituciones públicas como para las relaciones comerciales privadas pero con escaso efecto dado el temor a aprobar el Marco Sancionador, que aunque lejos de ser la panacea pudiera ser el comienzo del cambio en los Plazos de Pago.

Conocer los datos de las Constructoras no es una tarea sencilla. La mayoría de ellas no publicita cuál es su plazo medio de pago a proveedores. Para poder conocerlo, es necesario nadar en los resultados presentados en el Registro Mercantil y realizar complicadas fórmulas contables contempladas por la ley. Las administraciones públicas, por ejemplo, están obligadas a publicitar el plazo de pago a los proveedores desde el 20 de diciembre de 2013.

El año 2004 el Gobierno, realizó una ley para reducir la morosidad en las relaciones comerciales. Dicha regulación ha sido modificada en distintas ocasiones, la última en octubre de 2014. El texto actual sitúa el plazo máximo de pago a los acreedores en 60 días.

Un estudio realizado por fuentes del sector sitúa, sin embargo, el plazo medio de pago a los subcontratistas y proveedores de las principales constructoras en unos 180 días de media. El retraso en los pagos supone a los subcontratistas y proveedores complicaciones para su supervivencia diaria.

Hacia un código de buenas prácticas

El plazo medio de pago a proveedores debería ser  uno de los detonantes de la formulación de un código de buenas prácticas en el sector de la construcción y que afecta a todos los sectores de la subcontratación. En concreto, el código debería limar las diferencias que existen entre los distintos actores de la cadena de subcontratación y suministros para evitar abusos de poder entre las grandes constructoras y los subcontratistas o proveedores.El acuerdo se basaría en la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno en 2013. En dicha ley se contemplaba el posterior desarrollo de este código de buenas prácticas. Un código que podía acarrear una multa de un millón de euros a los infractores de estos acuerdos.

La ley  debería contemplar la creación de un observatorio, dirigido por el Ministerio de Hacienda, en el que estarán representados todos los actores del sector y que servirá para dirimir sobre los conflictos que se produzcan en las relaciones comerciales.